
I.
Sí, pero no, pero sí… Comencemos por aclarar algunas cuestiones muy básicas, rayando en lo técnicas.
Si nos atenemos a la convención, el lunes 1° de Mayo el presidente Nicolás Maduro habría anunciado un aumento de lo que entendemos como salario mínimo integral, esto es, salario más bono de alimentación, al pasar este último de 45 bolívares a 989,2 bolívares. Expresado en divisas, y tomando como referencia la tasa oficial vigente el viernes 28 de abril, el bono de alimentación habría pasado de 1,81 dólares a 40 dólares mensuales. Conforme a lo anterior, el salario mínimo integral habría aumentado de 175 bolívares a 1119,20 bolívares o, lo que es lo mismo, de 7,07 dólares a 45,26 dólares mensuales.
No obstante, y en estricto sentido, no es correcto hablar de aumento salarial, puesto que el “salario normal”, definido en tales términos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores (LOTTT), se mantuvo en 130 bolívares o 5,25 dólares mensuales según la tasa oficial.
Esta circunstancia es la que explica el uso oficial del término “ingreso mínimo vital indexado”, que resultaría de sumar el bono de alimentación más el llamado “bono contra la guerra económica”, este último equivalente a 741,9 bolívares o 30 dólares a tasa oficial, con el compromiso adicional de indexar el monto de ambas bonificaciones al precio oficial de la moneda estadounidense.
Un importante detalle es que los trabajadores del sector privado no reciben este “bono contra la guerra económica”, mientras que los jubilados recibirán el equivalente a 49 dólares mensuales y los pensionados 20 dólares.
En resumen, a partir del 1° de Mayo, todos los trabajadores del sector público devengan un ingreso mínimo vital equivalente a 70 dólares, sea cual fuere su salario.
II.
Lo primero que salta a la vista es la decisión oficial de apostar por la bonificación de los ingresos o, dicho de otra forma, por la congelación del salario. Tal decisión vendría a ser una vuelta de tuerca de la política económica adoptada en 2018, de orientación fuertemente ortodoxa monetarista, y que subordina la política salarial al objetivo considerado prioritario: la superación de la hiperinflación.
Un tanto paradójicamente, esta profundización de la orientación de la política económica se produce en un contexto post-hiperinflacionario, y tras haber cerrado en 2022, según cifras de la CEPAL, con una inflación anual de 155,80%, el índice más bajo desde 2015, cuando marcó 180,90%.
Una manera de ilustrar matemáticamente las implicaciones económicas, políticas y sociales de tal decisión es determinar el porcentaje del salario mínimo integral no bonificado: la víspera del 1° de Mayo, este ascendía a 74,28%. Luego de los anuncios presidenciales, la cifra se redujo a un exiguo 11,61%, y seguirá reduciéndose con cada devaluación del bolívar.
En otras palabras, al día de hoy, nueve décimas partes del salario mínimo integral están excluidas de la base de cálculo de las prestaciones sociales y otros beneficios de ley. Al respecto, vale la pena recordar que, de acuerdo al artículo 105 de la LOTTT, el bono de alimentación forma parte de los “beneficios sociales no remunerativos” (“salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario”). Por supuesto, en el caso del ingreso mínimo vital, aunque indexado, el porcentaje es igual a cero: son 70 dólares (su equivalente en bolívares) sin incidencia alguna en prestaciones y otros beneficios.
Esta bonificación de los ingresos constituye un giro de 180 grados respecto de los anuncios presidenciales en materia salarial en marzo de 2021. En aquella ocasión, en una reunión con trabajadores de todo el país, el Presidente anunció: “Ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos. Estoy de acuerdo. Aprobado. Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera”. (1)
Una circunstancia que ha pasado en buena medida desapercibida es que, más allá de tratarse de una decisión oficial, el reciente anuncio presidencial bien podría considerarse expresión de un acuerdo en el seno del llamado Foro de Diálogo Social, que reúne a representantes gubernamentales, sindicales y patronales, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En febrero pasado, Carlos Fernández, presidente de la patronal Fedecámaras, informó que la instancia tripartita había acordado la creación de una “mesa técnica” cuyo propósito era “fijar el método de establecimiento del salario mínimo”. (2) Días más tarde, Jorge Roig, ex presidente de Fedecámaras y miembro del Consejo de Administración de la OIT, se declaró partidario de medidas de “emergencia” en materia salarial, que permitieran a los empleadores “pagar mejores salarios”, pero sin incidencia en las prestaciones sociales. (3)
A mediados de abril, refiriéndose al “método” para establecer el nuevo monto del salario mínimo, el mismo Roig afirmó que el objetivo era definir una “fórmula que permita [al salario] mantenerse, a pesar de la altísima inflación que tenemos. Por supuesto que el centro de todo sería derrotar la inflación y tener un programa de macroestabilización económica. Pero, mientras tanto, hay que fijar una fórmula que, por lo menos, afecte lo menos posible la inflación” y permita “la recuperación del valor adquisitivo del salario”. (4)
La víspera del 1° de Mayo, Roig insistió en el punto. Según nota de prensa: “En cuanto a los bonos, la posición de Fedecámaras es que, dado que se está en estado de emergencia, se le pueda dar un bono mayor a los trabajadores sin que eso tenga efecto en el cálculo de las prestaciones sociales”. (5)
III.
En otra parte me he referido al clima de paulatina y relativa “normalización” económica que sucedió a la puesta en marcha del plan de corte ortodoxo monetarista hacia finales de 2018. (6) En 2021, los signos más visibles de la nueva situación parecían afianzarse: dolarización de facto, reabastecimiento, productos importados por doquier, multiplicación de bodegones, reapertura de bingos y casinos, construcción de grandes edificios de oficinas en el este de la capital, etc. Sumado a lo anterior, el control de la hiperinflación.
Paralelo a la “normalización”, continuó y de hecho se acentuó la drástica reconfiguración de la estructura de clases de la sociedad venezolana o, para decirlo en términos más convencionales, del mercado de trabajo: aumento exponencial de la informalidad y, por tanto, del peso del subproletariado (aunque no sean exactamente lo mismo), migración económica masiva, desvalorización del salario, desregulación y flexibilización laboral de facto, aumento de la pobreza, la miseria y la desigualdad.
Tras la caotización derivada de la exacerbación del conflicto político y espoleada por la imposición de “sanciones” económicas por parte del soberano imperial estadounidense y la Unión Europea, sobrevino una “normalización” con sus ganadores y perdedores, con su minoría de salvos y su amplísima mayoría de no salvos. Es en este contexto que se produce el aumento salarial del 15 de marzo de 2022: entonces, el salario mínimo integral pasó de 2,24 dólares a 39,95 dólares mensuales.
Más notable aún, el aumento salarial de 2022, de modestas proporciones en casi cualquier país del mundo, significó para la clase trabajadora venezolana la interrupción de una seguidilla de cuatro años durante los cuales el valor promedio anual del salario mínimo integral no paró de depreciarse: de 141,62 dólares en 2017 pasó a 44,16 dólares en 2018, a 6,78 dólares en 2019, a 3,04 dólares en 2020 y a 1,94 dólares en 2021. En contraste, en 2022, el valor promedio anual del salario mínimo integral fue de 22,47 dólares mensuales, un incremento de 1058,02% en relación con el año previo. La vocería oficial hablaba de un “milagro” económico. Todo parecía indiciar que los perdedores y no salvos tenían razones para el optimismo.
No obstante, el mismo salario que el 15 de marzo de 2022 equivalía a 39,95 dólares pasó a representar 10,01 dólares mensuales en diciembre y, como leíamos al principio, apenas 7,07 dólares mensuales en abril de este año, poco más que el valor promedio anual de 2019. En el brevísimo lapso de trece meses, la clase trabajadora venezolana había retrocedido cuatro años.
IV.
El anuncio presidencial también estuvo precedido de las noticias, que comenzaron a circular a mediados de marzo, sobre lo que se ha dado en llamar una nueva “trama” de corrupción que involucra a altos funcionarios de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas estratégicas, empresarios de la construcción, entre otros. Se ha especulado mucho sobre el monto del dinero público que ha sido robado. No hay una versión oficial concluyente al respecto. En cualquier caso, todo indica que se trata de varios miles de millones de dólares. Algunos detalles de la “trama”, sobre los que no me referiré aquí, son particularmente sórdidos e incluso escandalosos.
Precisamente por esto último me parece importante no solo dar cuenta de la profunda indignación popular prevaleciente a propósito de esta situación en concreto, que no estoy seguro de que haya sido valorada en sus justas dimensiones, sino ir un poco más allá, hasta donde la mirada indignada no puede acceder.
Así, por ejemplo, me parece que la ocasión es oportuna para preguntarse, con toda la responsabilidad y la franqueza que exigen las actuales circunstancias, si dicha “trama” de corrupción, muy lejos de ser un simple accidente, no es la consecuencia lógica de la “normalización” económica que dio sus primeros pasos en 2019 y pareció afianzarse en 2021.
Es necesario preguntarse si es realmente viable una sociedad donde un puñado de ganadores ostentan groseramente sus riquezas ante la mirada impotente de mayorías empobrecidas que se sienten abandonadas a su suerte. ¿Es realmente necesario preguntarse si la magnitud de lo robado no se relaciona directamente con la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, defendidas a capa y espada a cuenta de la necesidad de sortear el criminal asedio económico contra el país?
Es necesario preguntarse por qué no son públicas las discusiones en el seno de la Tripartita, cuando lo que está en juego es algo tan importante como el salario de la clase trabajadora. Es necesario preguntarse quién asume la responsabilidad por el hecho de que, en abril de este año, el valor del salario mínimo integral haya llegado a ser el equivalente al valor promedio anual de hace cuatro años, al inicio de la “normalización”. ¿El centro de todo seguirá siendo derrotar la inflación y ordenar las cuentas macroeconómicas o en algún punto el centro de todo volverá a ser la clase trabajadora?
Pero sí, pero no…
Sí. El centro de todo tiene que ser la clase trabajadora. Lo contrario supone resignarnos a vivir en un país donde estas, y otras preguntas, no tienen otro destino que caer en saco roto. Y esa no puede ser una opción.
Referencias
(1) Luigino Bracci Roa. Presidente Maduro anuncia aumento de salario mínimo a medio petro y «salarización» de los bonos del Sistema Patria. Alba Ciudad, 3 de marzo de 2022.
(2) Fedecámaras: Se instalará una mesa técnica “para fijar el método del establecimiento del salario mínimo”. Banca y Negocios, 3 de febrero de 2023.
(3) Roig considera positivo propuesta de un salario de emergencia. Unión Radio, 7 de febrero de 2023.
(4) Nurelyin Contreras. CTV espera que el salario mínimo supere los $100 mensuales y Jorge Roig confía en que el nuevo monto se anuncie en las próximas semanas. Hispano Post, 18 de abril de 2023.
(5) Jorge Roig sostiene que luego del anuncio salarial los aumentos deberán ser progresivos. El Pitazo, 30 de abril de 2023.
(6) Reinaldo Iturriza López. El sendero ascendente de la rebeldía. Saber y poder, 5 de octubre de 2022.