Una versión más corta de esta crónica aparece publicada en Épale CCS número 203.
********
El jueves 27 de octubre Nicolás Maduro anunció el cuarto incremento salarial en lo que va de año. En enero el ingreso mínimo legal (salario mínimo más bono de alimentación) ascendía a 16 399 bolívares. A partir de noviembre pasó a ser 90 812 bolívares (27 091 de salario mínimo más 63 720 de bono de alimentación).
En otras palabras, el ingreso mínimo legal aumentó 553,76 % entre enero y noviembre de este año. Sin duda alguna, un incremento porcentual mayor que la inflación (que, cómo olvidarlo, alcanzó un 180,9 % en 2015).
Con todo y el innegable esfuerzo que está haciendo el Gobierno por proteger el salario del pueblo trabajador, no faltan quienes se manifiestan en contra de los incrementos salariales, cuestión que, en una sociedad capitalista como la nuestra, no tendría por qué extrañarnos.
El detalle está en que muchos de quienes se manifiestan contrarios a las medidas en favor de la protección del salario no califican como dueños de capital alguno: al contrario, son trabajadores comunes y corrientes, como usted y como yo.
Este rechazo a los incrementos salariales se fundamenta en la siguiente opinión: de nada valen tales medidas si éstas se traducirán en el incremento del costo de la vida.
La cuestión da para discutirla en extenso. Pero si tuviera que resumir mi posición, plantearía lo siguiente: cuatro años de feroz ataque contra la economía nacional han supuesto no sólo el quiebre de la sociabilidad que logró construir el chavismo, sino la naturalización de las peores actuaciones de las fuerzas económicas rebeladas contra la democracia venezolana, al punto que parte de la población considera ridícula la sola mención de la oligarquía, y atribuye absolutamente toda la responsabilidad de la situación al Gobierno nacional, y específicamente a Maduro.
En algún punto llegamos a creer irreversible un proceso que significó que el pueblo comenzara a escribir su propia historia. Hoy vemos esa historia amenazada. Pero aún: vemos repetirse la historia del esclavo que adora a sus amos.
No cabe interpretarse de otra forma el hecho de que tantas personas libren de toda responsabilidad a la propia oligarquía y a la hueste de comerciantes especuladores y acaparadores que, en otros tiempos, hubieran sido blanco del saqueo popular.
En la segunda parte de su estudio “La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela (2012-2016)”, Pasqualina Curcio demuestra de manera fehaciente cómo el índice de escasez aumenta “en momentos de alta tensión política o cercanos a procesos electorales”. Es decir, no hay ninguna duda de que la escasez es un arma utilizada sistemáticamente por las fuerzas contrarias a la democracia venezolana con el propósito de producir malestar en la población.
Siguiendo la lógica de razonamiento de quienes se oponen a los incrementos salariales, cualquiera podría decir que, para evitar que aumentaran los índices de escasez, lo mejor hubiera sido suspender las elecciones de cualquier tipo. Mejor aún: podríamos habernos evitado la molestia de hacer una revolución.
La encrucijada histórica en la que nos encontramos es clara: o hacemos lo necesario para que esta revolución siga adelante o terminaremos haciendo como los esclavos que, avergonzados, le piden perdón a sus amos por pretender liberarse.
Saludo con satisfacción las crónicas oficinescas de Iturriza, magníficos sus planteamientos ojalá pudieran multiplicarse para que lleguen a miles de lectores.