Una versión más corta de esta crónica aparece publicada en el número 195 de Épale CCS.
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A mediados de 1998, cuando terminé materias en la universidad y me disponía a realizar mi tesis de grado, no me pasaba por la cabeza incorporarme a trabajar en una institución del Gobierno. Era algo que no consideraba ni remotamente. Simplemente no era una opción para mí, sin menosprecio alguno de quienes, por la razón que fuera, habían decidido hacerlo.
Todo cambió, por supuesto, cuando ganó Chávez. Nuestro plan de vida cambió radicalmente.
Con todo y la inexperiencia propia de un recién graduado, además de las urgencias y las ansiedades de un esposo debutante y con Sandra Mikele recién nacida, el sentido de la dignidad y algo que, lo pienso ahora, debía ser la intuición, me llevaron a plantearme que si me iba a incorporar al Gobierno de Chávez, al menos debía hacer un esfuerzo por probar suerte en alguna institución nueva, sin los vicios de los viejos ministerios, o por lo menos no tanto.
Las circunstancias daban para eso y para más, pensaba: veníamos de refrendar una nueva Constitución, que inmediatamente dio paso a la creación de nuevas instituciones.
Así, inicié mi periplo por la Vicepresidencia de la República, continué en la Defensoría del Pueblo, fui fundador de la Universidad Bolivariana de Venezuela y luego paré en el Ministerio de Economía Popular (hoy Comunas y Movimientos Sociales), donde permanecí hasta mediados de 2006. A partir de entonces, a excepción de mi paso por Ávila TV, ya no volví a trabajar en alguna otra institución nacida con la revolución bolivariana.
A esas alturas, ya tenía más que claro que aquello de la novedad era algo bastante relativo. De hecho, lo aprendí muy pronto: el 12 de abril de 2002, algunas de mis compañeras de trabajo en la Defensoría del Pueblo debieron soportar las burlas de funcionarios de la misma institución, que celebraban sin disimulo de ningún tipo, sin vergüenza, el derrocamiento del Gobierno constitucional y la inminente instauración de una dictadura que ya cometía desmanes en las calles.
Forzados por las circunstancias, debimos resolver muy rápido el dilema del poder: con Chávez aprendimos que, en la medida de lo posible, debíamos procurar el control de la institucionalidad, pero sin pretender hacer la revolución desde allí, y teniendo presente que, contrario a lo que hubiéramos podido pensar, los infiltrados éramos nosotros.
Al margen de todas las conclusiones que se derivan de ese aprendizaje, pienso ahora, en estos días de movilizaciones masivas, en que tanto hablamos de los funcionarios antichavistas que marchan contra el Gobierno, en todo el inmenso daño que nos siguen causando esos burócratas de la política que, contraviniendo, me consta, instrucciones muy claras al respecto, provenientes del más alto nivel, hacen lo que sea necesario por cumplir con sus “cuotas” de participación, como si tal cosa existiera realmente, conminando a funcionarios a asistir a nuestros actos políticos.
Los más exigentes sabrán perdonar que apele al cliché, pero hace un par de meses un compañero me relataba un episodio que no puede calificarse sino de kafkiano: a media mañana, el respectivo burócrata de mediano rango le exigía la presencia de algunas decenas de funcionarios en un foro que se realizaría esa misma tarde. Mi amigo, luego de explicarle lo obvio, es decir, que de ninguna manera podía garantizar la presencia de nadie en una actividad convocada para el mismo día, le pidió que al menos le diera los detalles de la actividad: quiénes estarían, de qué se trataba. El burócrata no sólo le respondió que no tenía idea, sino que le insistió en la supuesta “obligatoriedad” de cumplir con la “cuota”. Nadie asistió, claro.
Presumo que, contrario a saberse ajeno a las miserias de los furibundos antichavistas que se ríen de las desgracias populares, contrario a saberse infiltrados, estos burócratas de la política se sienten muy a gusto lidiando con una institucionalidad que ya quisieran manejar a su antojo. Por supuesto, de Chávez no entendieron nada.