(Comparto con ustedes una entrevista en dos partes concedida al periodista Carlos Ortiz, del Correo del Orinoco, y que aparece publicada el día de hoy en dicho diario.
La primera parte la respondí íntegra por escrito. La última pregunta, referida a las dificultades de la izquierda para capitalizar la crisis de la «democracia representativa», no aparece publicada en el diario por razones de espacio.
La segunda parte es el resultado de una conversación directa con el periodista, y trata fundamentalmente del intento que hace el antichavismo de asimilar las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno bolivariano con el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez.
Salud).
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PRIMERA PARTE. Con la rebelión del 27-F entró en escena un sujeto político que a partir del 4-F comenzaría a llamarse chavismo.
–El 27-F es considerado la primera gran batalla contra el neoliberalismo. ¿Diría que El Caracazo fue un acicate o un ejemplo para otros países?
–No sé si el 27-F del 89 fue un ejemplo para otros pueblos. Tal vez sí. Dudo mucho que pueda afirmarse que haya sido la primera gran batalla contra el neoliberalismo. Diría que el 27-F se inscribe en un ciclo de protestas continentales antineoliberales. Sucesos similares ocurrieron en varios países latinoamericanos antes y después. En todo caso, quisiera destacar que este tipo de sucesos merecieron siempre una atención menor, si se la compara con la recibida por acontecimientos de tipo «político». Por eso es frecuente leer que la rebelión contra el neoliberalismo en Latinoamérica se inició con los zapatistas, aquel célebre 1 de enero de 1994. En el caso del 27-F, para redondear la idea, se produjo una rebelión popular en un contexto de aplicación de medidas neoliberales, pero el sujeto que irrumpió en escena en aquellas jornadas terminó poniendo en jaque a todo el status quo. Aquellos días la «democracia representativa» se resquebrajó tan hondamente que ya más nunca pudo recomponerse. Fue un suceso con profundas y decisivas repercusiones políticas, protagonizado por un sujeto político que años más tarde, en 1992, a raíz del 4-F, comenzaría a llamarse chavismo.
–Hay quienes dicen que el 27-F no fue una protesta contra el neoliberalismo o contra el estamento político puntofijista, sino un saqueo motivado por rabia o por frustración. Se apoyan en el hecho de que la gente no atacó las sedes de los partidos ni a los políticos. ¿Qué diría usted al respecto?
–Diría que tú no puedes encerrar la política con llave en la sede de un partido político. Los partidos, ciertamente, intentaron monopolizar el ejercicio de la política, pero ese monopolio llegó a su fin el 27-F. Murió de muerte violenta. Y sin embargo, hay numerosos testimonios de ataques contra unidades de transporte, pero no contra los transportistas, o de ataques contra comercios, pero no contra comerciantes. Eso indica a las claras una cierta racionalidad, una particular «moderación», que está allí para el que la quiera ver. Si después de 24 años todavía asimilamos el 27-F con el saqueo, eso es producto del trabajo de conjura que se inició el martes 28 de febrero, con la brutal represión de las Fuerzas Armadas. Clase política, medios de comunicación, académicos (con las excepciones del caso): todos se unieron en la condena de los saqueadores, y fueron en este sentido cómplices de las Fuerzas Armadas. Persiste un odio contra el 27-F, una cierta vergüenza, que nos impide ver que el objetivo de los «saqueadores» no era el saqueo, sino moverse, respirar, ocupar y desplazarse por una ciudad que les había sido negada sistemáticamente. Luego, claro que sí, hubo infinidad de ataques contra los acaparadores. Siempre se saca a relucir el ejemplo de los saqueadores de televisores o de alcohol, como una manera de «demostrar» que la motivación no era el hambre, sino el robo. Este es el tratamiento que la gente «civilizada» siempre les ha dado a los «bárbaros». El pueblo es criminal incluso cuando se rebela, o precisamente porque se rebela.
–¿Por qué una parte de la clase política tradicional rechazó las propuestas de CAP?
–A finales de los años ochenta estaba ocurriendo en Venezuela lo que Gramsci llamaría una «crisis hegemónica» del modelo puntofijista. Había un desencuentro entre el poder económico y la clase política, porque a esta última cada vez le costaba más acometer su tarea, que es garantizar eso que llaman «gobernabilidad», que no es otra cosa que la estabilidad que el poder económico requiere para saquear un país. Entonces se comenzó a pensar en una clase política de relevo, menos mediocre, mejor formada académica y técnicamente, más a tono con las exigencias del capital transnacional, dispuesta a reducir o a «modernizar» el Estado y fortalecer el mercado. Lo que estaba planteado era el desplazamiento progresivo de la vieja clase política.
–Un informe de la Defensoría del Pueblo cita una declaración de Abdón Vivas Terán –del 11 de febrero de 1989– en la que expresa su rechazo al paquete de CAP, debido a que, en otros países, esas medidas habían “dejado un cuadro social desolador, caracterizado por el incremento de la pobreza, el desempleo y la inestabilidad política”. ¿Había conciencia entre los políticos –incluido CAP y su equipo– del tipo de efectos que generaría el paquetazo?
–Sí. Y fue público el rechazo de parte de la clase política tradicional, incluso de sectores de Acción Democrática, a los planes de la tecnocracia neoliberal que acompañaba a Carlos Andrés Pérez. Pero hay otro dato que me parece más interesante, y solemos dejar de lado: la participación activa del pueblo adeco en la rebelión popular. La participación, en general, del pueblo que alguna vez votó por socialdemócratas o socialcristianos, y que aquel día decidió darles la espalda. En este sentido, el 27-F puede ser interpretado como una extraordinaria y masiva manifestación de desengaño o de hartazgo contra una clase política a la que ya se le había hecho tarde para actos de contrición. Ese pueblo adeco, en buena medida, fue a parar a las filas del chavismo. En la recta final de la campaña presidencial de 1998, Luis Alfaro Ucero, el candidato adeco, le pidió perdón. Pero hacía años que era demasiado tarde.
–¿Cree que quienes diseñaron e implementaron el paquete de CAP son responsables de la masacre de febrero y marzo del 89? ¿Deberían ser llevados a juicio por eso?
–Las acciones para sancionar los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y el 27-F se cometieron crímenes de lesa humanidad.
–Me refiero específicamente al equipo de especialistas que concibió las medidas y trazó los lineamientos para su ejecución. Usualmente, cuando se habla de esos crímenes, se piensa en la Disip y el Ejército, pero no suele mencionarse a los ministros del Gabinete Económico de CAP. ¿Usted cree que ellos también deberían ser juzgados?
–Entiendo. Usted se refiere a los autores intelectuales. Es una buena pregunta. Desconozco si existe jurisprudencia al respecto. Es conocido el juicio al que fueron sometidos los genocidas en Ruanda. Pero ¿acaso no hay abrumadora evidencia sobre los crímenes cometidos por los técnicos neoliberales a lo largo y ancho del planeta? En el caso del 27-F tienen una responsabilidad histórica. Merecen como mínimo una sanción moral. Muchos de ellos se valen de las libertades que les ofrece la democracia venezolana y escriben en los diarios y opinan en las televisoras. Nosotros estamos obligados a recordar quiénes son y lo que hicieron. Ni perdón ni olvido.
–¿A qué atribuye que la izquierda no haya podido capitalizar la crisis de la democracia representativa?
-A su claudicación histórica. Buena parte de la izquierda terminó integrándose al modelo, abandonando la causa popular. Con la ultraizquierda sucedió que pretendió erigirse en vanguardia de un pueblo al que no comprendía, al que no escuchaba. En los análisis, todo se reducía a la «manipulación» de las masas que votaban por adecos o copeyanos. Así, el pueblo venezolano resultaba «culpable» de su situación. El mérito histórico de Chávez radica en haber roto estos esquemas: por una parte, aceptó competir según las reglas de la democracia representativa, pero no para luego acomodarse, sino con el claro propósito de reunir la fuerza suficiente que le permitiera imponer nuevas reglas del juego político. Y lo logró. Y si lo logró fue porque reunió esa fuerza, y si lo hizo fue porque no veía al pueblo venezolano como una partida de ignorantes en espera de alguien que le enseñara la verdad. Lo que hizo fue recorrer una y otra vez el país, adentrándose en sus catacumbas, escuchando la voz popular, y a ese mismo pueblo le llevó un mensaje que hablaba de nuestros héroes mancillados y enterrados, de la necesidad de recuperar nuestra dignidad como pueblo, y lo invitó a pelear. Chávez comenzó por tratar al pueblo con dignidad. Allí radica su liderazgo. Y eso es algo que aquellos que nos formamos en la izquierda debemos aprender.
SEGUNDA PARTE. Comparación entre el paquete de CAP y la política económica de Chávez «no resiste el menor análisis».
A 24 años del 27-F, la oposición mantiene una campaña que busca sembrar la percepción de que el ajuste cambiario establecido por el gobierno bolivariano es parte de un paquete de medidas similar al que en aquella ocasión aplicó el gobierno de Carlos Andrés Pérez. «Esa comparación no resiste el menor análisis», refutó Reinaldo Iturriza. Y enfatiza que «la orientación general de la política económica de un gobierno y otro son antagónicas: la de Pérez respondía a intereses transnacionales y era por tanto expresión de sumisión y cipayaje. La del comandante Chávez responde al interés nacional». Sin embargo, advierte que, lejos de ser un disparate, la analogía que trata de posicionar la oposición responde a una táctica desestabilizadora: «El antichavismo tiene sus esperanzas cifradas en el malestar popular que producen la inflación o el desabastecimiento. No es un secreto, lo plantean públicamente. Apuestan a que ese malestar, sumado a otras condiciones, produzca inestabilidad política», declaró al Correo del Orinoco.
–¿Cree que esa apuesta es una espera pasiva o piensa que esos sectores están propiciando la desestabilización?
–Obviamente, los actores económicos del antichavismo propician esa situación. No son pasivos ante lo que está aconteciendo, todo lo contrario, aprovechan las circunstancias para provocar las situaciones de conflicto. Hay que tener en cuenta que esos sectores todavía son muy poderosos y tienen muchísima influencia.
–¿Sería algo similar a lo que hicieron los grupos económicos contra Salvador Allende en Chile?
-Sí, aunque guardando siempre las distancias, es la misma táctica de generar desabastecimiento y agudizar el malestar que eso genera. Un documental de Patricio Guzmán llamado La batalla de Chile, y que recomiendo ver, muestra cómo los poderes económicos actuaron contra Allende para derrocarlo. Tú ves ese documental y no deja de sorprenderte la similitud entre las tácticas de la oposición chilena de esa época y las del antichavismo aquí en Venezuela. La similitud es asombrosa, y permite que uno se dé cuenta de que la derecha nunca actúa sola, sino que detrás de esas acciones está el respaldo del imperialismo, la inteligencia de Estado de Estados Unidos con todos sus recursos logísticos y financieros.
–El ajuste cambiario implementado a comienzos de mes no está acompañado de medidas similares a las que aplicó CAP en 1989. Además, se mantienen las políticas sociales. Pero el antichavismo insiste en la matriz de un supuesto «paquete rojo», para hacer creer que el gobierno tiene un plan neoliberal. ¿Cómo pueden sostener ese planteamiento?
–Yo creo que uno de los grandes aciertos del chavismo en la pasada campaña presidencial fue resaltar que el programa de gobierno de la MUD era en realidad un paquete neoliberal como el de 1989. Ese documento era público y bastaba leerlo para darse cuenta de que, después de 23 años del 27-F, lo único que la derecha tenía para ofrecerle al país era un programa insólitamente neoliberal. El presidente Chávez tuvo el gran acierto de insistir mucho en eso, con lo que le dio un golpe muy duro a la candidatura de Capriles. Entre otras cosas, porque el Presidente no estaba exagerando ni inventando nada: Capriles firmó y se comprometió en público con ese documento. Ahora él trata de devolver ese golpe hablando de «paquete rojo».
Iturriza explicó que al «devolver el golpe» Henrique Capriles no está planteando un argumento sino un ardid simbólico: «Él intenta revertir el efecto que tuvo sobre su candidatura que lo asociaran con un paquete neoliberal, que es algo que tiene un gran peso simbólico. Está tratando de limpiarse, de que lo vean de otra manera porque está soñando que eventualmente volverá a ser un candidato en el corto plazo. Entonces, busca confundir con la idea de que el Gobierno es neoliberal».
–¿Lo que usted quiere decir es que al acusar al gobierno de tener un paquete neoliberal oculto, Capriles quiere deslindar su imagen del neoliberalismo? ¿Sería algo así como decir: «neoliberal es el gobierno, no yo»?
–Sí, si lo planteas así, diría que sí. En términos generales, se está buscando invertir los términos del debate de esa manera porque es un elemento que afecta su aspiración a presentarse de nuevo como candidato.
Iturriza enfatiza la importancia de la batalla simbólica. Para la derecha es importante capitalizar la asociación que hace la gente entre «paquete neoliberal» y 27-F. Así busca anular en el discurso el hecho real de que la plataforma de la MUD se sostiene en un programa de ajustes que no es distinto del que produjo el estallido social de 1989. «Ahora, la gente no es tonta, ha aprendido mucho y no se chupa el dedo como para no saber distinguir la verdad», comentó. Pero lanzó una seria advertencia: «Lo que no puede perder de vista el chavismo es que el malestar al que apuesta la derecha es real. El desabastecimiento y la inflación le pegan a la gente todos los días. Eso no es un cuento, y hay que enfrentarlo en los hechos. Es fundamental la mano dura, que el gobierno imponga controles y sancione a quienes los violen, porque en la medida en que no lo haga se puede debilitar la base social del proceso revolucionario».
«Está bien, por ejemplo, que se diga que la banca se llevó miles de millones, pero también queremos saber quiénes se los llevaron y que se les sancione por ello», agregó. Y señaló que hay que analizar por qué la oligarquía se atreve a invocar las fuerzas que destruyeron el piso político sobre el cual se sostenía para controlar el Estado. «No es la primera vez que el antichavismo recurre a estas groseras analogías. Si hoy sueña con lo que ayer fue su pesadilla, si hoy anhela una ‘explosión social’ que barra con la revolución bolivariana, es en razón de su propia impotencia. Ya una vez intentaron crear las condiciones para una rebelión, cuando el paro petrolero en 2002, y no fueron capaces. El asunto es que, por definición, la oligarquía no organiza rebeliones populares», explicó. A la luz de ese argumento, reiteró su planteamiento: si la oligarquía no tiene la capacidad de conducir al pueblo contra la revolución, buscará la forma de alentar el descontento a la espera de un estallido social. «Al respecto, el gobierno nacional está en la obligación de actuar con firmeza. Es hora de hablar menos y actuar con mano dura contra los grupos económicos involucrados en estos planes», sentenció.
El pueblo debe recurrir a todos los medios para defender a su gobierno. La defensa de la imagen democrática y legal de la revolución bolivariana no alcanza para hacer frente a los ataques antidemocraticos e ilegales de la derecha fascista venezolana. Si algo nos ha enseñado la historia de las luchas por el socialismo en america latina es que en momentos así no es consecuente poner en duda que lo peor efectivamente puede suceder.